A través de una demanda, pide al máximo órgano de justicia Federal, ordene al Poder Ejecutivo Nacional, el cumplimiento de las obligaciones asumidas con Corrientes, como así también en los Consensos Fiscales de 2017 y 2018, aprobadas por las leyes 27.439 y 27.469 respectivamente, en el marco de la previsiones de la Ley 27.260.
 
El incumplimiento que hace la Administración Central a través de la Anses, se considera una conducta omisiva, renuente y deliberada de no determinar los déficit correspondientes a los ejercicios financieros 2.018, 2.019, 2.020, 2.021 y 2.022 y el consecuente pago de las diferencias existentes actualizadas entre el resultado definitivo de los déficits anuales y los anticipos transferidos a cuenta de aquel.
 
Teniendo en cuenta que el sistema previsional de la provincia continua siendo administrado por el Estado correntino, y que los ejercicios desde el 2018 al 2022 arrojaron saldos deficitarios, en la administración de los Fondos de Garantía y Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, esta demanda solicita que la Nación le abone a Corrientes las diferencias en concepto de anticipos comprometidos en el Convenio Marco y acuerdos complementarios y modificatorios, los cuales ascenderían a la fecha a $7.542.010.310,30.
 
Asimismo, se interpone otra demanda que tiene relación a los fondos del año en curso que Nación adeuda a Corrientes y que asciende a la suma de $1.359.833.909,76.
 
Acción que está en función del incumplimiento de la Ley 27.260 del 2016, por la que el Estado nacional, asume la obligación de compensar a las provincia cuyos sistemas previsionales no fueran transferidas a Nación, y mitigar las eventuales asimetrías que pudiera existir, respecto de aquellas que si lo hicieron, con la finalidad de colocarlas a todas las provincias en pie de Igualdad en materia previsional.
 
Al igual que en el caso anterior, hubo un incumplimiento por parte de la Administración Central y la caja previsional local ha percibido los anticipos anuales en los ejercicios subsiguientes, en forma irregular y a valores desactualizados y erosionados con relación a aquel ejercicios financiero, debiendo afrontar el pago de los beneficios previsionales con recursos propios, para cubrir la asistencia financiera asumida por el Gobierno nacional.
 
REGALIAS DE YACYRETA Y SALTO GRANDE
 
El tercera demanda que presentó el Fiscal de Estado, Horacio Ortega fue para el pleno cumplimiento del Estado Nacional, a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 15.336, en el artículo 33 del decreto de 287 del año 1993 y demás normas concordantes con relación a l valor de las llamadas regalías en energía y/o regalías en especies que le corresponden a la provincia de Corrientes por la energía producida en las centrales hidroeléctrica de Yacyretá y Salto Grande.
 
En esta acción la Fiscalía de Estado provincial le solicita a la SCJN, ordene al Estado Nacional a que se le reconozca a la provincia a través de Cammesa, en Concepto de Regalías, un precio equivalente al precio medio monómico del Mercado Eléctrico Mayorista, tal cual lo hace con otras jurisdicciones como lo son Neuquén y Entre Ríos. O en su defecto se le asigne a las regalías en especies, un precio en pesos que surja del promedio de la energía que Cammesa utiliza para la venta a los distribuidores energéticos mayoristas.
 
Aquí el Fiscal de Estado en su carácter de abogado de la provincia, el pago retroactivo por las diferencias existentes, y pide se disponga la forma y el método o índice por el cual se abonan las regalías. En este sentido pone de manifiesto que Nación y/o Cammesa le adeudan a la provincia en concepto de Regalías mal liquidadas y no recibidas el monto de 15.858.549.283,61.