Con un gran envión de la Cámara de Diputados, este jueves se debatirá el proyecto de ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual en el Senado, que propone un abordaje integral y desde la salud colectiva.
 
 
Para su aprobación, necesitará al menos 37 votos de un total de 72 bancas de la Cámara Alta. Se espera que la votación sea a las 14:00. Organizaciones y colectivos que luchan por la actualización de la Ley Nacional de Sida preparan actividades en las afueras del Congreso para acompañar el debate.
 
 
 
 
Comenzó a ser elaborado en el 2023 y fue presentado, desde el 2016, en cuatro oportunidades en el Congreso. En Diputados obtuvo un amplio apoyo: fue aprobada por 241 votos afirmativos y 8 negativos.
 
El proyecto, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, busca reemplazar con una norma integral a la Ley Nº 23.798, aprobada hace más de 30 años, en agosto del 1990, y que declaró de interés nacional a la lucha contra el SIDA, pero desde una perspectiva fundamentalmente sanitaria.
 
 
 
La iniciativa hace hincapié en la producción pública, la asequibilidad, y la sustentabilidad de los tratamientos de VIH, Hepatitis, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis en todos los subsistemas de salud de la Nación; la disponibilidad y accesibilidad a insumos y materiales para la prevención, el tratamiento y la asistencia, como por ejemplo los preservativos, lubricantes, medicamentos, vacuna, entre otros.
 
   
 
Paralelamente, propone que la prueba para el diagnóstico de infección por VIH y Hepatitis B y C esté acompañada de asesoramiento pre y post test en forma individual y con participación prioritaria de personas con VIH y Hepatitis B y C.
 
También prevé la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional, para quienes transiten las enfermedades. Se incluye una jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 años de servicios con aportes computables y 10 años o más desde su diagnóstico, y una pensión no contributiva igual al 70% del haber mínimo para aquellos mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad social.