La energía eléctrica es un recurso clave para el desarrollo y el bienestar social, y la utilización de los recursos naturales provinciales para generarla remite indudablemente a contar con una compensación justa que también sea beneficiosa socialmente. O al menos que sea lo más equitativa posible cuando hay dos o más actores en medio.
 
Sin embargo esto no está sucediendo en el reparto de las regalías de la represa Salto Grande que corresponde a Corrientes. Y según detectó el Gobierno en el último mes, la Provincia recibe un 30% menos de lo que percibe Entre Ríos, el segundo distrito provincial vinculado a la presa.
 
Se entiende entonces que la distribución de esa compensación no está siendo equitativa. Si bien ya se elevaron los reclamos pertinentes a la Nación, hasta ahora no hay una respuesta concreta a los planteos correntinos y mucho menos revirtieron la situación en desventaja en la que hoy se encuentra Corrientes.
 
La demanda es el pago de lo que corresponde, con equidad en relación a lo que percibe la provincia vecina, que es lo justo. Es decir, no restar a nadie, sino equiparar, según consignaron a época fuentes gubernamentales que fueron consultadas sobre esta problemática.
 
Con este desfasaje se va acumulando una deuda millonaria que puede abrir un escenario de negociación entre Provincia y Nación bastante complejo por las regalías de Salto Grande, casi como el que existió de 2003 a 2018. Precisamente, hace tres años se canalizó una propuesta de Corrientes, elevada por el propio gobernador Gustavo Valdés un año antes, para recibir las regalías no en dinero físico, sino en crédito para la compra de energía en el mercado mayorista.
 
De esa manera, según explicaron fuentes estatales, especialistas en materia energética, ese crédito para la compra de energía posibilitaría que otros recursos de la DPEC puedan ser utilizados para obras eléctricas, por ejemplo.
 
Entramado
 
Para entender esta situación de ingresos de fondos y esa distribución o redistribución de recursos, es necesario conocer algunos detalles del entramado tejido en un complejo sistema de compra y distribución de energía eléctrica, no sólo en Corrientes, sino en el país.
 
En principio hay que consignar que las regalías hidroeléctricas son un derecho reconocido por la Ley 15.336 y modificado por Ley 23.164, que le corresponde recibir a la Provincia en compensación por el uso del suelo y del recurso, que realizan las centrales hidroeléctricas, sea la de Yacyretá como la de Salto Grande.
 
Desde hace varios años, pero principalmente desde 2003, el pago a Corrientes comenzó a discontinuarse y varios planteos se elevaron sin que la situación cambiara: el cobro no era constante y mes a mes la deuda de Nación para con Corrientes se incrementaba, sin un horizonte de solución. Hasta que en 2017, a partir de gestiones realizadas por el gobernador Gustavo Valdés ante Nación, se logró un acuerdo definitivo: se dispuso que las regalías fueran percibidas en especies.
 
Es decir, en compensación de energía eléctrica a través de la factura que mensualmente emite la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico SA (CAMMESA) a la DPEC por sus consumos, hasta un tope máximo de 30% de la energía consumida por la distribuidora provincial.
 
Esta modalidad representó no sólo un importante incremento anual en los ingresos por regalías, en relación a la forma en que se llevaba cabo el pago de las mismas, sino además pasaron a ser una realidad concreta de cobro, "ya que muchas veces no eran abonadas en tiempo y forma y sólo resultaban ser un asiento contable", explicaron fuentes consultadas.
 
Al respecto, destacaron que el acuerdo permitió mejorar la performance mensual del ingreso por este concepto, pero también poder saldar una deuda histórica que la DPEC mantenía con el mercado eléctrico mayorista.
 
En el reparto de las regalías, para el caso de Yacyretá se asignan en total a las provincias involucradas el 12% de la energía generada: 6% para Corrientes y 6% para Misiones.
 
En el caso de Salto Grande, el porcentaje a distribuir también es del 12% de la energía generada, aunque por las particularidades del caso la distribución es de 70/30: la mayor porción es para Entre Ríos, por una mayor afectación de sus recursos.
 
Diferencias
 
En las cuentas de octubre, el Gobierno provincial detectó la diferencia de un 30% menos entre lo que percibe Corrientes en comparación con Entre Ríos. A Corrientes le deben pagar $3.374 por MWh, pero le abonan $2.300 por MWh, en cambio a Entre Ríos sí le pagan los $3.100 por Mwh, que es lo que corresponde. Ahí está la diferencia reclamada por el Gobierno correntino.
 
Con otros números: en el mes de septiembre por regalías, a Corrientes le reconocieron $33 MM y a Entre Ríos $102 MM (por la proporción 70/30). Los megavatios que corresponde a Corrientes son 13.926 MWh y a Entre Ríos 32.800 MWh.
 
Esos 13 mil megavatios hora, multiplicados por $2.405 arrojan un total de $33.4 MM; pero si se calculan por los $3.100 que corresponden, el resultado es de $40.3 MM.
 
Pero qué sucede, el precio para el distribuidor $/MWh (base del cálculo) fue en septiembre de $2.405, mientras que para Entre Ríos, por el mismo concepto, fue de $3.108. Ahí la diferencia que dispara la inequidad.
 
De esta manera, el importe facturado de marzo a agosto pasado fue de $588 MM cuando en realidad correspondería haber facturado (a precio actualizado más intereses) unos $736 MM.
 
Esos recursos a modo de crédito para energía es lo que se les debe a la Provincia.
 
Así, en seis meses la diferencia no percibida por la Provincia es de $122 MM, que más el IVA, de $25MM, totaliza $148 MM.
 
La deuda se acumula y ya encendió el alerta provincial para seguir reclamando el pago y no volver a la tirante situación de retrasos que se deba hasta el 2018, cuando se acordó el pago en especies.
 
DIARIO EPOCA