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La Justicia ordenó el desalojo de las tierras de Guernica

La resolución contempla que “se podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública", que el procedimiento se deberá realizar "con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio", pero también establece que se recurrirá "al uso de la fuerza en caso de que resulte indispensable y en la menor medida posible”.

La resolución establece que se recurrirá "al uso de la fuerza en caso de que resulte indispensable y en la menor medida posible”.
La Justicia penal de La Plata ordenó este martes el desalojo de las tierras tomadas en la localidad bonaerense de Guernica, partido de Presidente Perón, que habían sido ocupadas por 3000 familias, desde fines de julio. Además, estableció que el procedimiento deberá realizarse en horario diurno, en una fecha a determinar por el juez de la causa.
 
La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo. La disposición establece que “el desalojo colectivo deberá ejecutarse en fecha a determinar por el juez de Garantías, el cual deberá ser en horario diurno, desde que salga hasta que se ponga el sol no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”.
 
La resolución contempla que “se podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública", que el procedimiento se deberá realizar "con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio", pero también establece que se recurrirá "al uso de la fuerza en caso de que resulte indispensable y en la menor medida posible”.
 
Además ordena que “deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran”.
 
La Cámara de Apelación y Garantía también consignó que el juez “deberá ordenar que se proceda a la desconexión de instalaciones precarias, clandestinas e ilegales que pudieren haberse realizado en el marco de la toma de los lotes”.
 
Finalmente, el tribunal estableció que “deberá notificarse al asesor de menores e incapaces interviniente, al igual que a todos aquellos organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada de COVID-19”.
 
La toma de las tierras, unas 15 hectáreas ubicadas en el fondo del barrio San Martín, habían provocado incidentes entre los ocupantes y algunos propietarios de campos cercanos, quienes se acercaron al lugar para tratar de desalojar a las familias que allí se habían instalado.
 
El 20 de julio, alrededor de 3000 familias, empujadas por la crisis habitacional, decidieron ocupar el predio del sur del conurbano, con el objetivo de construir un barrio donde vivir.

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