El presidente de la comisión Bicameral, Marcos Cleri, informó que convocó al plenario para hoy a las 18 para tratar esos decretos y remarcó que la posición del Frente de Todos es que "deben ser declarados inválidos".
 
Señaló que se debatirá también el DNU de ratificación de otro decreto que intervino la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que nombró como interventora a Cristina Caamaño.
 
"Vamos a tratar los DNU de prohibición de despidos, el Barril Criollo, la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia y dos decretos de Macri", precisó Cleri esta mañana en diálogo con radio El Destape.
 
El gobierno de Macri dictó un decreto en diciembre último que modificó la Ley de Inteligencia -votada en febrero de ese año-, que quitó de la órbita de la ex SIDE (actual AFI) el manejo de las escuchas telefónicas solicitadas por la Justicia.
 
Además, en 2017 emitió otra norma referida a la conformación del nuevo organismo sobre captaciones de comunicaciones, a cargo de la Corte Suprema.
 
Cleri señaló que sería "importante que el Congreso declare inválidos" esos decretos del ex mandatario porque "no se puede modificar la Ley de Inteligencia por un decreto de necesidad y urgencia", y "sólo se puede hacer a través de una ley".
 
En ese sentido, Cleri recordó que "en su momento ya declaramos inválidos los decretos de Macri, y creemos que hay que volverlos a tratar", al tiempo que habló sobre las posibilidades de su tratamiento en el Congreso: "Si los decretos son rechazados vuelve todo al estado anterior, pero si el Congreso rechaza el DNU de Macri las escuchas deberían volver al Ministerio Público Fiscal".
 
Asimismo, puntualizó que "la interventora Cristina Caamaño ha comprobado esta situación y hoy presentará una denuncia penal al respecto".
 
En ese sentido, Cleri agregó que "se puede traspolar el 2016 y el 2017 a cada uno de los días de la gestión de Macri, y lo único que fue es tratar de perseguir para callar, y poder ellos avanzar con su programa sistemático y una cobertura mediática".
 
De esta manera, si el Congreso anula esos decretos -vigentes mediante la sanción ficta, es decir mientras el Parlamento no los rechaza-, las escuchas judiciales volverán a funcionar en la órbita de la Procuración General de la Nación.
 
También se tratarán los decretos 391/2020 y 404/2020, referidos a la reestructuración de la deuda pública y emisión de títulos nuevos; el 487/2020, que prorrogó hasta fines julio la suspensión de despidos por "razones de fuerza o falta de trabajo"; y el 488/2020, vinculado al precio de comercialización del petróleo.