En el contexto de una in­vestigación derivada de las operaciones realizadas en la Cooperativa de Créditos Pyramis, allanada en 2015 por delitos financieros, el juez federal Juan Carlos Vallejos estableció el pro­cesamiento y la prisión preventiva de tres empre­sarios acusados de haber realizado maniobras ilícitas en una transacción inmobi­liaria, por la que consideró que se configuró el delito de lavado de activos.
 
 
 
El medio de información oficial del Ministerio Públi­co Fiscal de la Nación dio a conocer ayer que el Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes procesó a tres empresarios -uno de ellos contador y otro escribano- debido a que habrían canalizado casi $3 millones en la compra­venta de un inmueble con el objetivo de darle apariencia de licitud a fondos origina­dos en la intermediación fi­nanciera no autorizada.
 
 
 
Los procesamientos fue­ron en línea con lo requeri­do por el Ministerio Públi­co Fiscal a través del fiscal federal Flavio Ferrini y la cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Proce­lac), María Laura Roteta.
 
 
 
El Juzgado Federal Nº 2 de esa jurisdicción dispuso el procesamiento de tres personas acusadas de haber llevado adelante una ope­ración inmobiliaria con el sólo fin de darle apariencia legal a fondos originados en el delito de intermediación financiera no autorizada, a través de la Cooperativa de Créditos y Servicios Pyra­mis.
 
 
 
El hecho que se les impu­ta ocurrió el 12 de febrero de 2015, cuando Mario Giu­dici le compró al matrimo­nio constituido por E.B. y M.M. el inmueble ubicado en la calle Pago Largo al 900 de la ciudad de Corrientes, operación que llevó adelan­te a través de la firma San Francisco Agropecuaria SA.
 
 
 
Apenas once días des­pués -el 23 de febrero-, también mediante San Francisco Agropecuaria, la propiedad fue vendida a Mario Boschetti a cambio de 3 millones de pesos en efectivo.
 
 
 
Boschetti era vocal su­plente de Pyramis. El juez Juan Carlos Vallejos conva­lidó la hipótesis delictiva trazada por el Ministerio Público Fiscal.
 
 
 
En este sentido, destacó que la actuación de Giudi­ci a través de la firma San Francisco Agropecuaria SA, de la cual era presidente, permitió ocultar una rela­ción crediticia existente en­tre B. y la Cooperativa Pyra­mis, que formaba parte del conjunto de actos ilícitos de intermediación financiera no autorizada desarrolla­dos por la entidad.
 
 
 
“Esto es así porque la venta del bien inmueble de la calle Pago Largo a la firma San Francisco Agro­pecuaria SA tuvo como ob­jeto la cancelación de una deuda que había contraído B. con la Cooperativa Pyra­mis de la que formaban parte tanto Giudici, síndico suplente, como Boschetti, vocal suplente”, indicó el juez.
 
 
 
En esa línea, el magistra­do ponderó que las opera­ciones de compraventa que conformaron esta investi­gación no deben ser inter­pretadas como hechos ais­lados “sino comprendidas como un eslabón más de las distintas maniobras de lavado de activos que llevó adelante Mario Boschetti, por las cuales fue procesa­do por el delito de lavado de activos”.
 
 
 
Además de dictar los pro­cesamientos con prisión preventiva de Boschetti y Giudici, la resolución tuvo por acreditada la inter­vención de San Francisco Agropecuaria SA en la ma­niobra de lavado de activos descripta, a los fines de la eventual aplicación de las sanciones penales previstas para las personas jurídicas.
 
 
 
MAQUINARIA DELICTIVA
 
 
 
Los directivos de la Coo­perativa de Crédito y Ser­vicios Pyramis fueron pro­cesados por el delito de in­termediación financiera no autorizada por haber capta­do, desde el año 2012 hasta al menos octubre de 2015, “fondos del público, los que fueron posteriormente uti­lizados para el otorgamien­to de préstamos, descuento de cheques, la realización de operaciones cambiarias, entre otras, cuando dicha cooperativa carecía de au­torización por parte del Banco Central de la Repú­blica Argentina”.
 
 
 
En la descripción de las maniobras por parte de la Fiscalía se explica que “mediante este accionar, obtuvieron alrededor de $68.500.000 provenientes de personas ajenas a la en­tidad y capitalizaron intere­ses por más de $9.500.000, lo que permitió acreditar el montaje de una ver­dadera ‘banca de hecho’ con, al menos, 212 clientes confirmados”.
 
 
 
EL TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES RESOLVIÓ CONDENAR A JAVIER GUS­TAVO RADAELLI A LA PENA DE CINCO AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE $25.000, POR CONSIDERARLO COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO DE TRANS­PORTE DE DROGAS EN EL CONTEXTO DE LA CAUSA “OPERATIVO GUASÓN”.
 
 
 
Distribución de bienes
 
 
 
Según los resultados de la investigación realizada por la Fiscalía Federal, los frutos de la actividad finan­ciera ilegal no sólo fueron empleados para sostener y retroalimentar “el funcionamiento ilícito de la Coope­rativa Pyramis, sino que también se canalizaron hacia la economía formal con la finalidad de disimular su ilicitud de origen y así facilitar a las personas físicas investigadas su mejor disfrute”.