La Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y Desarrollo Social presidida por la diputada Marly Brisco se reunió con los directores de los Hospitales Escuela, Vidal y de Salud Mental, Dres. Alfredo Revidatti, Silvia Lapertosa y Carlos Rodríguez respectivamente; con Eduardo Pujol Director General de Gestión Hospitalaria e Institucional del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes y el Licenciado Miguel Ángel Benítez Director del Personal de dicha cartera gubernamental, con quienes analizaron el proyecto de Ley que crea el “Programa de Prevención de la Violencia en el sistema de salud ".
 
 
 
En el diálogo mantenido, –el pasado martes por la tarde- los presentes coincidieron en algunos cambios al texto original, modificando algunos artículos y agregando otros, como el que establece la formación en “Seguridad Hospitalaria” en la currícula de la Escuela de Policía, entre otros aportes tenidos en cuenta.
 
 
 
Vale mencionar que si bien no estuvieron en el cónclave, enviaron aval e ideas los titulares de los nosocomios de Niños “Juan Pablo II” y del Hospital “Angela Llano”, también “de acuerdo” con este expediente, que seguirá en debate.
 
 
 
El Licenciado Miguel Ángel Benítez, Director de Personal del Ministerio de Salud Pública de la Provincia destacó que “el proyecto de Ley se está diseñando de manera participativa porque cuenta con la presencia de varios actores, tales como los Directores de diferentes Hospitales, como así también los representantes del Ministerio de Salud, como ente central, para abarcar una problemática que es bastante compleja en la Provincia. Considero que hoy dimos pasos muy importantes para avanzar sobre el proyecto”, dijo.
 
 
 
Por otra parte, se acordó la creación de una comisión interna en cada Hospital para tratar el tema de prevención. “Básicamente si se llega a un hecho de violencia, ya hay daño. Todo tiene que ser tratado de manera integral. Se podría decir, que estamos en una etapa de enriquecimiento del proyecto inicial, que es de un carácter muy importante para todos nosotros”, manifestó Benítez.
 
 
 
El funcionario del Poder Ejecutivo Provincial también consideró que la capacitación de los trabajadores es un punto esencial “no solamente en términos de actitud, sino en términos de prevención, para poder anticiparse de determinadas conductas de ciertos ciudadanos que se acercan con algún tipo de amenazas. Ya sea hacia los bienes o sobre las personas que están trabajando en los centros de salud. Hay puntos que son muy críticos, tales como la sala de emergencia, que es donde se tiene mayor contacto con el ciudadano”.
 
 
 
Queda pendiente para la semana, el análisis de algunos aspectos de orden de financiamiento que también tendrá que profundizarse un poco porque la temática de violencia en los hospitales aún está en pleno borrador.
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentos
 
 
 
Sirve recordar que este proyecto –autoría de los diputados Rubín- se fundamenta en “los hechos de violencia que sacuden nuestra sociedad, donde no está exento el sistema de salud y las personas que se desempeñan en él, debiendo tomarse las medidas para lograr su disminución y represión según corresponda”.
 
 
 
En el texto del expediente original (sujeto a modificaciones) se señala que las “actitudes violentas, difundidas en la sociedad actual y con emergentes en todos los ámbitos, incluso familiares y laborales, deben encontrar vallas que impidan su proliferación para evitar que las situaciones cotidianas se transformen en una “ley de la selva” y en un “todos contra todos” que nos regrese a las peores épocas de la civilización”.
 
 
 
En ese aspecto, se agrega que “el mejor antídoto contra la violencia social es la educación en valores, en modales, la difusión de métodos de resolución de conflictos basados en el diálogo y la mediación, el desempeño correcto de las instituciones y el respeto a la ley”.
 
 
 
Sin embargo, -acota- “es preciso diseñar soluciones legislativas adecuadas y específicas para el ámbito de la prestación del servicio de salud, especialmente en el sector público, dada la responsabilidad del Estado en preservar a los trabajadores y protegerlos de los riesgos laborales, entre ellos, los hechos de violencia que se produzcan por el ejercicio o en ocasión del cumplimiento de sus tareas”.
 
 
 
Con ese objetivo “se plantea la necesidad de coordinar los recursos humanos e institucionales del Estado provincial, en este caso básicamente los Directivos de los HOSPITALES, las fuerzas policiales y penitenciarias y las administradoras de riesgos del trabajo (ART), mediante protocolos de actuación y de prevención que estén dispuestos para afrontar la problemática de la VIOLENCIA en el SISTEMA DE SALUD de protección de las personas y los bienes afectados al mismo”.